La empresa aporta USD 25 millones y queda liberada de futuras responsabilidades por los pasivos ambientales, en un entendimiento que terminó judicializado y que, según los demandantes, podría costarle a la provincia cientos de millones.
El Gobierno de Ignacio Torres firmó un acuerdo con YPF por la salida de la empresa de la Cuenca San Jorge, mediante el cual la compañía aporta 25 millones de dólares y transfiere bienes, pero queda liberada de futuras responsabilidades por los pasivos ambientales incluidos en el entendimiento. El acuerdo fue aprobado por la Legislatura provincial.
El entendimiento generó fuertes cuestionamientos y terminó judicializado. Los demandantes sostienen que el monto aportado por la empresa resulta insuficiente frente a la magnitud de los pasivos ambientales que quedarían a cargo de la provincia.
Según plantearon quienes impugnaron el acuerdo, solo la remediación de los pozos abandonados podría costar cientos de millones de dólares, una cifra muy por encima del aporte comprometido. De confirmarse esos costos, Chubut terminaría asumiendo una carga económica y ambiental de enorme magnitud.
El caso vuelve a poner en discusión los términos en que la gestión provincial negocia los recursos de la provincia. Mientras la empresa se retira liberada de responsabilidades, Chubut podría quedarse con el pasivo ambiental, lo que abre el interrogante sobre si Torres defendió a la provincia o le facilitó la salida a YPF.
