El acuerdo firmado por el gobernador y aprobado por la Legislatura libera a YPF de futuras responsabilidades por los pasivos ambientales incluidos en el convenio, a cambio de una compensación de $25 millones de dólares. Sin embargo, afirman que los costos de remediación de los pozos abandonados podrían ser mucho más altos.

La salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge abrió un debate sobre las condiciones del acuerdo firmado por el gobernador Ignacio Torres y aprobado por la Legislatura de Chubut. Uno de los principales puntos de discusión es el tratamiento de los pasivos ambientales vinculados con la actividad petrolera y las responsabilidades que asumirá la provincia frente a los pozos abandonados y las tareas de remediación pendientes.

Según los cuestionamientos planteados al convenio, YPF queda liberada de futuras responsabilidades por los pasivos ambientales incluidos en el acuerdo a cambio de una compensación de 25 millones de dólares. La cifra quedó en el centro de la discusión ante las advertencias de que los costos para remediar los pozos abandonados podrían superar ampliamente ese monto. La diferencia entre la compensación y los gastos potenciales plantea interrogantes sobre el alcance económico y ambiental de lo firmado.

En ese contexto, la decisión de Torres quedó bajo cuestionamiento por las consecuencias que podría tener para Chubut a largo plazo. El debate no se limita al retiro de la petrolera de la cuenca, sino que también alcanza a quién deberá afrontar los costos de saneamiento y qué garantías existen para evitar que esas obligaciones recaigan sobre la provincia. La discusión sobre el acuerdo pone el foco en la protección de los recursos chubutenses y en las responsabilidades ambientales asociadas al cierre de la actividad.